PROGRAMA DE ACCIÓN:
 
 
FORTALECIMIENTO DE LA CCI COMO ORGANIZACIÓN INDEPENDIENTE AL SERVICIO DE LOS CAMPESINOS
 
La misión de  la CCI es realizar una  Reforma Agraria Radical para  mejorar las condiciones de  vida de  los  campesinos  mexicanos,  fortalecer  el  ejercicio  de  nuestras libertades,  promover la  justicia social y la soberanía de  la Nación mexicana; y como  organización, ser un  instrumento eficaz de defensa y lucha de los intereses y aspiraciones de los campesinos de México, sobre la base de los derechos de  asociación,  reunión,  propiedad  social  y  comunal,  y  libre  expresión  que   consagra nuestra Constitución.
 
La  visión de  la CCI  es mejorar las políticas públicas para  el desarrollo de  la sociedad rural, la soberanía agroalimentaria y nutricional,  que  se traduzca en  una  mejora  de  la infraestructura  y los sistemas  de   servicio  para   los  campesinos;  que   fortalezca  el  desarrollo  de   las  actividades económicas que  llevan a cabo  a través de empresas, cooperativas, uniones de crédito, sociedades financieras, almacenadoras, industrias, comercios y servicios de  diversa naturaleza; así como  el fortalecimiento de la CCI como organización social, económica, política y cultural.
 
La fortaleza de  la CCI tiene como  base su presencia en  las 32 entidades federativas del país; su actividad  constante desde el  año  1963  en  que  fue  fundada; la  participación  activa  que  tuvo  en  la fase de reparto agrario; la estructura organizativa que  tiene,  la cual le permite establecer estrategias nacionales para  el crecimiento como  organización, con  la participación de  productores de  todo  el país; una  permanente actualización de  las estrategias de  lucha; el desarrollo de  una  estructura técnica  para  el  desarrollo económico  y para  la defensa jurídica  y profesional;  gestión  permanente de programas de gobierno para  beneficio de nuestros agremiados; así como  un plan de crecimiento como  organización económica nacional, en apoyo  del desarrollo integral, económico, social, cultural y político de los campesinos mexicanos.
 
La  CCI  se  propone desarrollar  instituciones  financieras  de  los  propios  campesinos,  así como organizaciones económicas en  todos los sectores y actividades, a través de  proyectos para  el uso óptimo y sustentable de todos los recursos de que  disponen los campesinos, productores, y grupos urbanos de ceceístas.
 
Con  ello  se busca afianzar  la  soberanía  agroalimentaria  y  nutricional  de  México,  mediante  el desarrollo económico a escala nacional, que  permita superar los rezagos sociales y productivos del país y la  actual  dependencia  del  exterior,  así como  ofrecer  oportunidades  reales  de  desarrollo  a todas  las  familias  y  comunidades  campesinas,  para   abatir   en   el  corto   plazo  la  migración, desintegración familiar y desempleo que  afectan a millones de campesinos.

La CCI tiene como  finalidad primaria contribuir a garantizar la autosuficiencia agroalimentaria de  la Nación con  los recursos y el trabajo de  los campesinos, por lo que  su prioridad es la recuperación del mercado interno de los productos agropecuarios y un desarrollo cualitativamente superior de la economía social de todos los habitantes rurales y grupos populares urbanos.

 
Ello  requiere  superar las  debilidades  actuales,  como  la  inercia  de  la  estructura organizativa  de  la CCI, la insuficiente disponibilidad de recursos propios para  el desarrollo interno de la organización, la  insuficiente  capacitación  técnica,  jurídica,  organizativa  y  política,  y  la  falta  de   empresas económicas de soporte para  el desarrollo de la organización, para  lo cual se integrará un programa de  fortalecimiento estructural  de  la  CCI, cuya  realización  nos permitirá  superar estas deficiencias. En  la  unidad  de   propósitos  habremos  de   lograr  estas  metas,  con   el  concurso  de   todos  los ceceístas.
 
La CCI se pronuncia por que  la crisis económica mundial debe ser superada mediante el fortalecimiento de  las actividades productivas de  los campesinos, y no mediante la importación de alimentos, la intervención de  empresas extranjeras y la aplicación de  un  modelo tecnológico que conduce a la dependencia y la exclusión del campesinado. El gobierno debe impulsar el desarrollo nacional por encima de la apertura de nuestro mercado a los productores extranjeros.
 
Para ello es indispensable modificar las políticas públicas, así como  reorientar la distribución y aplicación  de  los  recursos, para  que  realmente  sirvan  al  sector social  del  mundo  rural.  De  esta manera se logrará  revertir  la  tendencia  actual  de  abandono de  las  actividades  productivas  del campo, por falta de incentivos y apoyos para  la infraestructura productiva.
 
Las  estrategias  que  se requieren  tienen  dos vertientes  principales: a)  en  lo interno de  la  CCI, fomentar  la  utilización  sustentable  de   los  recursos  de   los  campesinos;  el  aumento  del  valor agregado y apropiación del precio pagado por los consumidores, mediante el control vertical de las cadenas productivas por  los propios campesinos y el desarrollo de  sus empresas en  todos los sectores económicos;  y b) la  presión  política  para  que  las  políticas  públicas  orienten  los  recursos que  sean necesarios para  el desarrollo de la sociedad rural y la soberanía agroalimentaria, dirigidos y canalizados al sector social de  la economía y a los ejidos y comunidades en  lo particular, para mejorar  la  infraestructura  productiva, el  desarrollo  de  instituciones  financieras  de  los  campesinos así como  empresas de servicio a los productores en todas las cadenas de  valor, diversificando las fuentes de ingreso y riqueza en el medio rural, que  eleven el nivel de vida de toda  la población rural. Nos pronunciamos  por  programas que  impulsen la inmediata industrialización de  los  productos agropecuarios con la participación de los propios productores.
 
El  plan  de  operación  debe incluir  entre  otras cuestiones,  lo  siguiente:  empresas integradoras  por rama   productiva  en   cada  una   de   las  entidades  federativas;  la  gestión  de   apoyos  para   la capacitación y el desarrollo de  habilidades  de  los productores en  las  actividades a  las que  se dedican; la gestión en el mejoramiento de la infraestructura productiva en las parcelas y la infraestructura de  apoyo  para  el desarrollo empresarial y cooperativo autogestionario; el desarrollo de  los mecanismos e  instituciones financieras para  canalizar recursos de  inversión a  actividades económicas viables y rentables.

 
Asimismo, se fortalecerá la estructura organizativa de  la CCI a nivel nacional, estatal, municipal y comunitario, para  mejorar su eficacia y capacidad de  respuesta ante  la demanda social de  sus agremiados. Este proceso inicia con la realización de una  amplia campaña de afiliación, pasa por la capacitación integral de  los dirigentes, hasta llegar a  la instauración de  una  nueva disciplina de trabajo y de verdadero compromiso con las causas campesinas.
 
En   suma,  la  modernización  estructural  de   la  CCI   requiere  consumar  su  reforma    integral, conservando lo esencial y proyectándola hacia el futuro, para  lograr una  verdadera Reforma Agraria Radical.
 
REINTEGRACIÓN DE LA FAMILIA CAMPESINA
 
 
1. Exigimos la reintegración social de  las familias campesinas y la renovación generacional de  los  ejidos,  que  garanticen  la  cohesión  social  que  se ha  roto por la coacción  económica que  ha expulsado a los campesinos de la tierra, para  garantizar que  nuestros hijos continúen su cultivo y uso sustentable bajo condiciones de  rentabilidad, calidad de  vida y desarrollo económico y humano, en un ambiente de justicia y equidad.
 
 
 
2.  El Estado tiene la obligación constitucional de  proporcionar los medios para  facilitar la superación humana de  todos los habitantes rurales, en  todos los aspectos de  su vida, en particular  porque las  mujeres,  jóvenes  y personas mayores han  estado históricamente  en una  posición  de  desigualdad.  En  ello  tiene  carácter prioritario  la  atención  de  las  personas con  capacidades diferentes y grupos en  condiciones de  vulnerabilidad extrema, como  las familias de los jornaleros y los pueblos originarios de todo el país.
 
 
 
3. Las políticas públicas deben propiciar la cohesión de  la familia campesina como  unidad económica, social y cultural, mediante la vinculación de las políticas de fomento  económico y social en las zonas rurales, con el trabajo asalariado que  llevan a cabo  los jóvenes y mujeres en  las zonas urbanas, tanto  en  actividades industriales como  la maquila, como  en  servicios de diversa naturaleza.
 
 
 
4.  Las mujeres demandan más y mejores apoyos del gobierno para   integrarse al sector productivo  del campo y del país. La CCI exige la creación de más programas y más recursos dirigidos   de   manera  eficaz,   justa   y   transparente,  con   procedimientos   alejados   del burocratismo y el clientelismo gubernamental, para  mejorar las condiciones del empleo e ingreso de las mujeres del campo y de las zonas urbanas marginadas.
 
 
 
5. La CCI se pronuncia contra  toda  forma  de  violencia física y moral, y cualquier acto  de discriminación en  contra  de  las mujeres, desde el seno de  la familia y en  todos y cada uno de  los  ámbitos  sociales  y públicos;  y se compromete a  atender su reclamo  y a  exigir  el respeto irrestricto a su dignidad.

 
6. Se debe facilitar y agilizar el otorgamiento de certificados de derechos agrarios o títulos de propiedad a mujeres y jóvenes, así como establecer un mecanismo
 
más ágil para  regularizar todo tipo de posesiones ejercidas por campesinos, en virtud de que es una  problemática que  se presenta en  todo  el país.  Se  requiere un apoyo  especial para las mujeres que  son cabeza de  familia, debido a  la migración de  los varones, pues estas familias quedan en un gran  desamparo y sufren la mayor vulnerabilidad.
 
  
7. Es imperativo abrir espacios para  desarrollar las potencialidades de las mujeres y jóvenes en  el campo y en  la ciudad, y propiciar su participación en  aspectos educativos, culturales, deportivos y de recreación.
 
  
8. Se  deben promover oportunidades  para  la  participación  política  de  los  miembros  de  las familias campesinas y la incorporación de nuestros cuadros más capaces a la administración pública, que  actualmente no están suficientemente representados en  los espacios públicos, como   una   vía   necesaria  para   impulsar  la  participación  de   agentes  comprometidos  e identificados  con  las  zonas rurales,  y  así  provocar los  cambios  que   requiere  el  campo mexicano para  lograr una  mayor libertad, igualdad y justicia.
 
  
9.  El  gobierno  debe establecer  programas con  recursos significativos,  para   contribuir  al desarrollo de  nuevas empresas sociales en  base a  proyectos  productivos integrados por familias  campesinas.  Es  indispensable  atender el  reclamo  por  fuentes  de  empleo  bien remunerados para  no emigrar a las grandes ciudades y al extranjero.
 
  
SITUACIÓN INDÍGENA
 
 
1.  La  CCI,  se pronuncia  por  el  respeto a  las  tradiciones  y  costumbres de  los  pueblos originarios.
 
  
2. Demandamos justicia para  todos los indígenas del país que  han  estado marginados del progreso material,  la  educación,  la  participación  política  y  la  cultura.  Exigimos  impulsar mecanismos que  eliminen las actuales injusticias y encarcelamientos injustos que  se han cometido y se siguen realizando en contra  de individuos y grupos indígenas de todo el país.
 
  
3.  Planteamos  al  gobierno  federal,  estados y  municipios  la  creación  de  programas más agresivos  para   incorporar  a  los  indígenas  de  México  al  desarrollo  económico,  desde la fuerza  de sus culturas, organización comunitaria, recursos y decisiones libres, como  sujetos de su propio proyecto de desarrollo.

4.  Los Ceceistas  repudiamos  cualquier  forma  de  manipulación  o  engaño que  pretendan utilizar a indígenas para  fines económicos, políticos o religiosos inconfesables, así como  las acciones  para   dividir  sus  comunidades  mediante  confrontaciones  artificiales,  que   con frecuencia tienen el propósito de  cancelar sus derechos y adueñarse de  sus recursos y territorios. Exigimos tribunales agrarios y judiciales que  respeten y convaliden los derechos de  los  pueblos  indios, en  lugar  de  ser sus verdugos e  instrumentos  de  despojo de  sus derechos legítimos. Exigimos respeto a la propiedad de  las tierras comunales, así como  al efectivo cumplimiento al artículo 2º Constitucional.
 
  
DEMANDAS DEMOCRÁTICAS
 
 1. Exigimos el cumplimiento puntual e insoslayable de los postulados de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
 
  
2. Seguiremos luchando incansablemente por la auténtica democracia del régimen político del país y  por  una   mayor   presencia  de   los  ciudadanos  que   habitamos  en   las  zonas  rurales  en   las instituciones del poder  ejecutivo, legislativo y judicial, a nivel federal, estatal y municipal.
 
  
3.  Los ceceístas  nos pronunciamos  en  contra   de  los  monopolios  nacionales  y  extranjeros  que asfixian  y controlan  la  economía mexicana,  obstaculizando  el  progreso de  los  campesinos  y del pueblo en  lo general; a la vez  que  de  manera injusta, se han  apoderado de  espacios de  influencia política,  e   inciden  en   la  colocación  de   servidores  públicos  incondicionales  a   sus  intereses económicos particulares y ambiciones desmedidas; imponiendo políticas públicas que  les permiten seguir concentrando el ingreso y la riqueza; trasladar las pérdidas económicas a los más pobres y apropiarse de los recursos públicos, vulnerando con ello no sólo la democracia sino la viabilidad de México como  Nación libre, soberana, justa, y capaz de  garantizar los derechos humanos de  todos los habitantes.
  
 
4.  Exigimos  la  derogación  de  todas las  leyes,  decretos o  acuerdos que   afecten las  garantías individuales y los derechos democráticos de los mexicanos y cesar las decisiones de gobierno que de  facto  dan  mayor  prioridad a  los tratados internacionales de  comercio e  inversión, sobre los mandatos de nuestra Carta  Magna.
 
  
5.  Exigimos  la inmediata libertad de  todos los  campesinos  presos por  cuestiones  agrarias  que existen en las cárceles del país.
 
  
6. Nos pronunciamos en  contra  de  la represión, persecución y asesinato de  campesinos, y de  la criminalización que  se ha  hecho de  la protesta social, a la que  se le aplican penas como  si fueran verdaderos criminales. Exigimos una  acción eficaz del gobierno para  dar seguridad a las familias y comunidades campesinas, acosadas por el crimen organizado.

 
7.  Las  demandas  democráticas  de  los  campesinos  tienen  como   propósito  la  emancipación  y liberación económica de  México; la liberación económica y política de  los pueblos; la vigencia del principio de  la no  intervención y la libre autodeterminación de  los pueblos; la proscripción de  las guerras y las armas nucleares; y la paz mundial.
 
  
8.  Porque los campesinos dispongan de  concesiones de  radio y televisión abiertas de  alcance nacional, para  que  informen y estén informados al día sobre los diferentes precios de los productos de  exportación existentes en  el mercado internacional, así como  para  tener  un mecanismo directo de  comunicación  que  nos permita  generan una  opinión  pública  propia  sobre la  evolución  de  la realidad  económica,  política  y  social  que   incide  en  la  participación  de  los  campesinos  en  el desarrollo nacional.
 
NECESIDAD DE RECUPERAR LA SOBERANÍA AGROALIMENTARIA
 
 
La reducción del gasto y la inversión pública que  afectó  gravemente a los apoyos al campo, desde la crisis económica de  la década de  los ochentas, fue consecuencia de medidas tomadas en otros países que  provocaron el aumento de  las tasas de  interés, que  encarecieron en  la deuda externa contraída para  la rápida extracción  del  petróleo, lo que  obligó  al  gobierno  a destinar cada año  un
10% de todo el valor de la producción de la actividad económica del país (Producto Interno  Bruto), a
lo largo de toda  una  década, para  dar servicio a dicha deuda.
 
 
Paralelo a ello, las corporaciones globales y los gobiernos extranjeros impusieron un cambio de  la política económica, que  significó una  reducción considerable de  las actividades y recursos para  el fomento  económico, dándose una  orientación de  libre mercado a  favor de  las grandes empresas agroalimentarias   nacionales   y   extranjeras,   agregándose  a   esto   reformas  con    tendencias privatizadoras   de   la   propiedad   ejidal,   a   través  de   cambios   en   el   año   1992   al   artículo   27
Constitucional y la Ley Federal de Reforma Agraria.
 
 
El  neoliberalismo,  que   consiste  en  la  abdicación  de  las  responsabilidades  del  Estado para   el fomento  económico y la justicia social, sobre la base de  la falsa idea de  la perfección del libre mercado, se  profundizó  entrados  los  años  noventas, con  la  suscripción  del  Tratado  de  Libre Comercio de América del Norte.  Se  cancelaron así las políticas basadas en la Constitución para  la creación  y distribución  equitativa  de  la  riqueza,  para  que  estas actividades  fueran  realizadas  con una  supuesta mejor eficiencia, por empresas privadas nacionales y extranjeras.
 
Los campesinos mexicanos, entre  ellos los que  militamos en  la CCI, desde su inicio nos hemos opuesto a este atraco al desarrollo nacional que  impulsa el neoliberalismo, y nos pronunciamos por una   actividad  económica  en   la  que   exista  verdadera  concurrencia  de   todos  los  productores, pequeños, medianos y grandes, bajo una  indispensable vigilancia del interés público, que  debe ser garantizado por el Estado. Lo que  proponemos es un mercado justo en  manos de  los particulares, que   garantice  la  realización  de  los  fines  del  Estado  como   conjunto,  en  beneficio  de  toda   la población.

Lo anterior se reflejó en  la falta de  apoyo  al sector, mediante la reducción del financiamiento a Banrural y la desaparición de  las políticas e  instituciones de  fomento  productivo  para  el campo, circunstancias que  provocaron una  dependencia alimentaria del exterior, que  ha  llegado al 43% actualmente,  lo  cual  agudizó  la  crisis  y pobreza en  el  campo mexicano.  Esta situación  se intentó paliar con la creación de los programas Procampo, Alianza para  el Campo y Progresa, entre  otros.
 
Sin embargo, todos estos programas han  sido insuficientes para  detener la grave  crisis en el sector, dado  que  desde los años noventas se continuó la misma política de reducción de apoyos, créditos y financiamiento al campo, aunado a  un  desborde sin control de  las importaciones de  productos agrícolas que  vinieron a desplazar a muchos productores nacionales.
 
  
Frente a este realidad, y ante  un deterioro sistemático de las condiciones de vida de un tercio de la población nacional que  vive en  el campo, las organizaciones campesinas en  especial la Central Campesina Independiente, sobre la base de  nuestro compromiso histórico, y en  coordinación con otras organizaciones, hemos venido realizando movimientos para  denunciar y poner  al descubierto ante   la opinión pública nacional e  internacional, la grave   crisis del sector, y para   demandar al gobierno revertir sus políticas hacia el campo.
 
A partir del año  2000,  se generó un proceso de intenso diálogo que  culminó en la firma del Acuerdo Nacional para  el Campo, cuyo  documento contiene un  total de  282  compromisos y acuerdos a cumplir  fundamentalmente  por  el  gobierno,  para   mejorar  sustancialmente  las  condiciones  del campo mexicano. Por  ello la Central Campesina Independiente como  sector importante y firmante de  dicho Acuerdo,   estima conveniente ceñir su Programa de  Acción a  los principios rectores y objetivos generales y particulares, de corto, mediano y largo plazo, siguientes:
 
1. La CCI, se pronuncia por el cumplimiento de todos los compromisos que  contiene el ACUERDO NACIONAL PARA EL CAMPO.
 
2. La CCI, se pronuncia por la  renegociación inmediata  del  Capítulo Agropecuario  del  Tratado de Libre  Comercio  con  Norteamérica  para   adecuarlo  a  términos  más justos  para   los  productores mexicanos.
 
3. La CCI exige el fortalecimiento de  la economía social, del ejido como  organización económica, social,  cultural  y política  del  campesinado  mexicano;  y por  la  protección  jurídica  de  la  propiedad social de la tierra.
 
4.  La  CCI  exige  la  inmediata  aprobación  por  parte   del  Congreso de  la  Unión,  de  una  Ley  de
Planeación para  la Soberanía y Seguridad Agroalimentaria y Nutricional.
 
 
5. La CCI, se pronuncia por la revisión inmediata de  la Ley Orgánica de  la Financiera Rural para facilitar el acceso al crédito a los campesinos y la reducción de  las tasas de  interés. Asimismo, se requiere  revisar  el  marco   jurídico  y  de  funcionamiento  de  las  instituciones  financieras  para   el fomento  del desarrollo rural, para  que  contribuyan de  manera coordinada y eficiente a  un  nuevo impulso del campo.
 
6.  Una  nueva  política  crediticia  debe ir  aparejada  a  programas  de  Capacitación  y  Asistencia

Técnica, para  contar  con  proyectos productivos viables, y eficiente administración de  empresas rurales.
 
7.  La  CCI  exige  el  establecimiento  de  una   política  estructural  de  fomento   e  inversión  para   la producción agroalimentaria, sustentada en los ejidatarios, comuneros y auténticos pequeños propietarios.
 
8. La CCI, demanda presupuestos multianuales, con  el objeto de  que  se fortalezca la inversión e infraestructura productiva en el medio rural.
 
9.  Es fundamental  que  se reconozca a  los  campesinos  como  sujetos  económicos  y base de  la soberanía agroalimentaria de la Nación, así como los responsables de
resguardar  el  patrimonio  de   la  biodiversidad  para   beneficio  de   todos  los  mexicanos  y  de   la
Humanidad.
 
  
10.  Es obligación  del  Estado mexicano  garantizar  la  inversión  productiva  y  de  infraestructura hidroagrícola a nivel regional, de microcuenca y de parcela, así como  para  el fortalecimiento de las capacidades de  comercialización, transformación y de  servicios productivos, de  financiamiento y logística.
 
11. La CCI, se pronuncia porque las universidades, institutos y centros de investigación que  tienen que  ver  con  el  campo, los  recursos naturales, energía y la biodiversidad, desplieguen todo  su potencial de  conocimiento y experiencias en  el medio rural, para  que  junto con los campesinos, se logre hacer realidad un campo más rentable, sustentable, que  arraigue a sus habitantes y mejore su nivel de vida.
 
12.   Ante   los  nuevos  retos  que   enfrenta  el  agro   mexicano,  se  requiere  que   los  programas productivos, que  incluyen  subsidios  y créditos,  así como  proyectos para  el  desarrollo  social  del campo, estén  relacionados  de  manera integral  y  coordinada,  para   aumentar la  sinergia  de  los recursos y su capacidad de contribuir a lograr las transformaciones que  se requieren con urgencia.
 
  
TIERRA
 
 Estamos por  culminar  la  importante  etapa de  entrega de  tierras  por  la  Reforma Agraria.  En  este largo proceso producto neto  de  la conquista revolucionaria, los campesinos ya son dueños de  104 millones de  hectáreas, esto es, poco  más de  la mitad del territorio nacional, repartido en  cerca de
30 mil ejidos y comunidades y beneficiando a cerca de 4 millones de campesinos. Prácticamente ha desaparecido el latifundio.
 
En ocho  décadas la Reforma Agraria ha rendido frutos. Desde la 1ª Ley Agraria expedida en 1915, a la vigente desde 1992,  el camino ha  sido largo pero  manteniendo la paz  en  la mayor  parte  del periodo. Aunque  en  algunos aspectos cuestionables, el éxito de  este proceso se explica en  haber abatido la insultante concentración de  la propiedad rural que  existía a principios del siglo XX. Sin embargo, creemos que  la paz si bien es ausencia de conflicto, también es presencia de justicia.

Para la  CCI, es indispensable  someter a  una  constante revisión,  adecuación  y reforma  las  leyes que  regulan  los  asuntos del  campo y sus principales  actores que  son los  campesinos,  porque el solo proceso de  entrega de  tierras  no agota los  objetivos  de  la Reforma Agraria y somos testigos que  los problemas de injusticia social siguen vigentes y los campesinos esperando respuestas.
 
Todavía subsisten asuntos sobre demandas de tierras pendientes de solución, contemplados en la hipótesis del artículo 3º transitorio de la Ley Agraria vigente.
 
En   la  misma  situación  están  los  convenios  agrarios.  Se   requiere  concluir  los  procesos  de regularización de tierras como  condición para  impulsar el proceso productivo, así como  acabar con los conflictos agrarios a nivel social y de tribunales. Nuestra organización seguirá vigilante de que  la nueva estructura legal no revierta los logros alcanzados con  el reparto de  tierra. Para nosotros la Reforma Agraria, es todas sus etapas, es irreversible por lo que  seguiremos exigiendo su carácter de propiedad social inembargable e imprescriptible.
 
Sin  embargo, subsisten  conflictos  agrarios  que  requieren  una  urgente solución,  tal  y  como  se plantea en el Acuerdo  Nacional para  el Campo que  sigue vigente. Para ello se requiere aprobar un mayor  presupuesto orientado  a  este propósito  y a  su vez,  que  se superen los  problemas  de  tipo burocrático que  han  agravado los conflictos y obstaculizado la conclusión del rezago agrario.
 

 
 La CCI exige:

AGUA

1.  Que  se reforme  la  Ley de  Aguas Nacionales,  que  se preserven los  derechos vigentes  de  los campesinos  y se otorguen más concesiones,  con  preferencia  a  los  ejidatarios  y comuneros, de acuerdo con las necesidades de los cultivos para  garantizar las cosechas.
  
 
2. Impulsar nuevas explotaciones hidrológicas; regularizar las aguas broncas de las cuencas de los ríos y fomentar la pequeña y gran  irrigación.
 
  
3. Un programa intensivo para  la construcción de bordos, obras de contención de arroyos, represos para  uso pecuario, canales y presas para  irrigación, que  son indispensables para  la sustentabilidad y el aumento de la productividad del sector primario.
 
 
 4. Rebajar el 50% en el precio de las cuotas de agua en los Distritos de Riego y modernizarlos para evitar el desperdicio de agua.
 
  
5.  En  las  tierras  de  temporal  es necesaria  la  construcción  de  infraestructura  para  el  manejo  del agua, que  contribuya al mayor  aprovechamiento del agua de lluvia y mejore la productividad de los terrenos.
 
  
6. Que  se desarrollen tecnologías  para  la cosecha y uso eficiente y productivo del agua, tanto  en

zonas de  temporal como  zonas de  riego; y se apliquen en  todo  el país, de  manera conjunta entre las organizaciones campesinas y las instituciones de educación superior e investigación nacionales. El gobierno tiene  la obligación de  financiar estos desarrollos tecnológicos, así como  subsidiar la aplicación   de   estos  paquetes  tecnológicos,   con   el   propósito   de   elevar  aceleradamente   la productividad de la tierra.
 
  
7.  Porque se termine la expedición indiscriminada de  concesiones a  grandes propietarios  y se revisen las que  otorgaron a empresas refresqueras, bajo condiciones de privilegio injustificable.
 
   
BIODIVERSIDAD Y MEDIO AMBIENTE
 
 
Que el Gobierno mexicano cumpla con el mandato constitucional de garantizar el dominio de la Nación sobre todos los recursos naturales de tierra,  agua y biodiversidad en el territorio continental y el mar.
 
Que  se impida de  manera terminante la extracción del material genético, germoplasma, especies animales  y  vegetales  del  país,  por   parte   de   empresas  extranjeras,  con   la  complicidad  de autoridades gubernamentales.
 
Que se otorgue plena protección jurídica, preservación y desarrollo de los conocimientos y prácticas culturales tradicionales de los campesinos mexicanos.
 
Que   el   Gobierno   mexicano  observe  estrictamente   todos  los   criterios   de   protección  de   la biodiversidad, establecidos en tratados internacionales como el Acuerdo  de Cartagena.
 
Que   se  prohíba la   siembra   de   productos  transgénicos   bajo   las   actuales   condiciones   de dependencia tecnológica, porque impide un  control nacional de  los costos de  producción, y se desarrolle  la  investigación  genética  por  instituciones  públicas  nacionales,  que  deberán tener   el resguardo jurídico de sus resultados, en beneficio de la Nación.
 
Promover  ante   el  gobierno  en   todos sus  niveles  y  al  interior  de   nuestra  Central  el  uso  de tecnologías y procesos productivos encaminados a disminuir la emisión de  contaminantes del aire, la tierra y el agua, con el fin de preservar y restaurar el medio ambiente.
 
Que  se restablezca  la  Productora Nacional  de  Semillas  como  institución  de  servicio  público  del
Estado mexicano, para  garantizar la soberanía agroalimentaria de la Nación.
 
 FINANCIAMIENTO
 
 
Las  políticas  neoliberales  a  favor  de   los  productores  de   los  países  más  ricos  que   exportan alimentos subsidiados, así como  la decisión de  canalizar la mayor  parte  de  los recursos para  los productores  nacionales  con  mayores  recursos,  han   descapitalizado  al  campo  mexicano  en  el segmento de los productores de más bajos ingresos.

Ante esta situación es fundamental revertir estas decisiones y canalizar recursos a los campesinos más pobres y con  menores recursos, así como  el  desarrollo  de  instituciones  de  financiamiento, ahorro  y crédito  de  las  propias  organizaciones  campesinas,  para  agregar valor  a sus productos y poder  apropiarse por esa vía de su esfuerzo productivo.
 
La política del Gobierno debe canalizar recursos a proyectos de inversión, en los cuales los sujetos sean los propios ejidatarios, comuneros y avecindados, para  que  puedan desarrollar y utilizar sus propios recursos, por lo que  todos los programas de fomento  a la inversión pública y privada de la propiedad rural, se deben canalizar preferentemente a los sujetos participantes del sector social de la  economía. Para ello  es indispensable  la  constitución  de  un  verdadero Sistema  Nacional  de Financiamiento Rural, como lo establece el Acuerdo  Nacional para  el Campo.
 
La estrategia  de  impulsar  la  creación  y financiamiento  de  proyectos estratégicos,  que  impactan  a toda  la cadena de valor, en las regiones de todo el país, es condición indispensable para  aumentar la productividad y mejorar el ingreso de los campesinos.
 
 
TECNOLOGÍA
 
 
Establecer un fondo  de inversión a escala suficiente para  el desarrollo de nuevas tecnologías para la  producción,  almacenamiento,  transformación,  transporte, y  comercialización  de  la producción agroalimentaria  y  del  mar,  por  parte   de  las  organizaciones  campesinas  y  las  instituciones  de educación superior e investigación, así como centros de investigación nacionales.
 
Establecer  políticas  y  pugnar  por   incrementar  los  recursos  del  presupuesto  federal  para   la incorporación acelerada de  inversiones en  las tecnologías para  el aumento de  la productividad de los factores productivos tierra, agua, biodiversidad, en todos los sectores de la economía rural, tales como riego computarizado, desarrollo de maquinaria especializada de producción, sistemas de información de mercados accesibles directamente a los productores, mejoramiento genético y para alimentación animal, entre  otros.
 
Proteger los desarrollos tecnológicos de los productores y sus organizaciones, mediante los instrumentos jurídicos que  sean necesarios; y que  el gobierno establezca programas para  difundir, impulsar y aplicar estos esfuerzos de innovación.
 
 
SEGUROS
 
 1. Porque el Seguro Agrícola garantice la inversión total en los cultivos y el pago  de las pérdidas de utilidad ocasionadas por siniestros.
 
  
2. Porque el costo de las primas del seguro se calcule sobre la base de riesgos y siniestros reales y que  las primas estén ajustadas a las condiciones de las regiones naturales del país.
 
 
3. Por el funcionamiento correcto del Seguro Agrícola, mediante la participación de los campesinos en   su  capital,  y  en   la  administración  de   los  organismos  de   dirección  de   las  instituciones aseguradoras, así como la eliminación total de actos de simulación y corrupción.

 
 
4. Porque se establezca  un  seguro de  vida  campesino,  que  incluya  también  a  la  esposa y a  los hijos, y no únicamente al acreditado.
 
 
 
5.  Que   se  establezca  un   seguro  para   los  campesinos  que   sufran  condiciones  de   falta  de rentabilidad por causa de las políticas públicas.
 
 
 COSECHAS
 
 
1.  Que   se apliquen  apoyos  y  subsidios  a  los  cultivos  de   los  campesinos  para   garantizar  la rentabilidad, como  sucede con los productores en  países socios comerciales de México. Se  deben establecer precios objetivo acordes al costo de  producción real, y que  garanticen que  no  exista competencia  desleal  de   los  productos  importados.  Por   ello  es  indispensable  que   exista  un mecanismo de  administración de  las importaciones, y la renegociación de  los tratados de  libre comercio.
 
2. Porque la producción sea manejada por los mismos campesinos en todos los procesos: siembra, cultivos, venta, almacenamiento, transportación e industrialización, en  un esquema de  apropiación de  todo  el proceso productivo  que    permita erradicar el vicio del rentismo y evitar malbaratar los derechos agrarios.
 
 
 3.  Por  la diversificación de  los cultivos de  acuerdo con  las condiciones del campo, la tierra,  las necesidades de los campesinos, y los mercados nacional y extranjero.
 
  
4.  Por  el  asesoramiento  técnico  verdadero para   los  campesinos,  a  fin  de  que  los  campesinos tengan un apoyo  profesional permanente y adecuado para  las distintas regiones agrícolas del país. Se   debe eliminar  la  actual  anarquía  y  contradicciones  entre   las  normas  de  operación  de  los diferentes programas, que  limitan el acceso de la mayoría de los productores en la obtención de los apoyos para  la asistencia técnica y el desarrollo.
 
  
5. Porque los campesinos adquieran su maquinaria e implementos agrícolas en  las compañías del país, a precios reales, y se impida que  los recursos públicos que  se destinan para  la capitalización de   los  productores, sean  capturados como   utilidades  extraordinarias  por  los  proveedores  de insumos y maquinaria, mediante la manipulación de los precios.
 
  
6.   Que   se  perfeccionen  los  mecanismos  oficiales  que   permitan  intensificar  el  intercambio tecnológico entre  los mismos campesinos mexicanos, en  apoyo  y beneficio de  ejidatarios y demás productores del sector social. Para ello se deben multiplicar y fortalecer los talleres de capacitación, así como viajes de observación y aprendizaje de experiencias exitosas.

 
INDUSTRIALIZACIÓN
 
 
1. Porque la  industrialización  de  la  producción  ejidal  se efectúe sobre la  base de  inversiones  de capital nacional preferentemente y en provecho de los campesinos de la economía nacional.
 
 
 
2. Porque las inversiones de  capitales extranjeros en  la agricultura no afecten la economía de  los campesinos, ni hipotequen la soberanía nacional.
 
 
 
3.  Por  la creación de  zonas industriales de  la producción primaria y la industria extractiva, con empresas de  los propios productores agropecuarios, en  terrenos ejidales, que  sean adecuadas a cada región del país. El gobierno deberá otorgar  estímulos fiscales para  el desarrollo de  estas empresas, como una  actividad prioritaria para  el desarrollo de la economía nacional.
 
  
4. Por  el  establecimiento  de  centrales  de  maquinaria  propiedad de  los  campesinos, de  acuerdo a las necesidades de cada una  de las regiones agrícolas de México.
 
  
5.  Por  la creación de  plantas centrales con  ubicación geográfica estratégica, de  cría  de  ganado porcino,  bovino,  ovino  y caprino,  para  producir  carne y leche,  con  reproductoras de  alto  registro, para  abastecer a los  productores en  todo  el  país, y asegurar de  esta manera el  abasto de  carne, leche y sus derivados, a precios bajos para  el pueblo.
 
6. Impulsar el desarrollo de plantas industriales propiedad de los campesinos, para  la producción de alimentos balanceados para  la producción pecuaria.
 
7. Construcción de plantas para  la producción y mezcla de insecticidas, para  suprimir la adquisición de fórmulas preparadas con compañías que  defrauden a los campesinos; así como  tecnologías que garanticen la salud de los campesinos en su manejo.
 
8. Cancelación de las concesiones otorgadas a empresas y particulares que  han  depredado selvas y bosques, y otorgamiento de  recursos financieros y permisos de  largo plazo a  los ejidatarios y comuneros, para  el desarrollo sustentable de  las zonas forestales, con  instalaciones, aserraderos, viveros y plantas de manufactura, propiedad de los propios campesinos.
 
9. Constituir todo tipo figuras asociativas, agrícolas, ganaderas, acuícolas, industriales, y forestales, sobre  la  base de   la  voluntad  de   los  campesinos,  con   el  objeto  de   organizar  y  fortalecer  la producción rural y mejorar y diversificar el ingreso de las familias y comunidades campesinas.
 
10.   Establecimiento   de   ejidos   turísticos,   ganaderos,  pesqueros,  forestales,   energéticos,   y desarrollos inmobiliarios de  los campesinos en  sus propios terrenos de  propiedad social, en  áreas colindantes  a  núcleos  urbanos  de  población,  entre   otros,  que   permitan  el  uso  óptimo  de  los recursos de  tierra, agua, paisaje y biodiversidad, en  beneficio de  los propios campesinos, tanto  en las zonas rurales como urbanas.

 
 
COMERCIALIZACIÓN
 
 
1. Por el fortalecimiento del mercado interno, privilegiando el consumo de productos nacionales, y la diversificación del  mercado internacional, para   superar la actual  dependencia  agroalimentaria  y mejorar la nutrición y salud de los mexicanos.
 
2.  Porque  los  campesinos  tengan sus  propias  empresas  de   almacenamiento,  transportación, distribución  y comercialización  de  sus productos, a  los  centros de  consumo, para  acabar con  los intermediarios y acaparadores.
 
3.  Los  campesinos  debemos contar   con  el  apoyo   del  gobierno  en  materia  de  información  de mercados y precios para  la colocación de nuestros productos, en el ámbito nacional e internacional, así como  conocer el  comportamiento  de  la  producción  y  del  clima,  que  nos permita  optimizar nuestras decisiones productivas.
 
4.  Porque los  campesinos  obtengan  los  permisos  para   transitar  por  las  carreteras  y  caminos nacionales, libres de  toda  infracción para  transportar sus productos a  los centros de  recepción y consumo. Exigimos la eliminación de  la corrupción y extorsión que  sufren los campesinos en  el transporte de sus productos a los centros de consumo.
 
SINDICAL
 
 
1.  Organización  sindical  de  todos  los  trabajadores  agrícolas,  para   la  defensa efectiva   de  sus derechos e intereses, conforme lo señalan las leyes laborales del país.
 
2.  Fortalecer la alianza Obrero­Campesina y la solidaridad de  los  trabajadores  del  campo y la ciudad.
 
3. Por  la creación de  la bolsa de  trabajo con  recursos del Estado y de  las industrias privadas para compensar a los trabajadores agrícolas desocupados y a sus familias.
 
4.  Exigir que  al amparo del Tratado de  Libre Comercio de  América del Norte,  los trabajadores migratorios  estén protegidos  bajo  el  concepto  de  permisos  de  trabajo  para   las  “personas  de negocios”, que  tengan los mismos derechos y garantías sociales que  tienen  los trabajadores en los Estados Unidos de América y Canadá.
 
5.  Nos manifestamos  por  el  cumplimiento  estricto  de  todas las  obligaciones  que  establecen  el artículo 123  Constitucional y la Ley  Federal del Trabajo, por  la parte  patronal de  las empresas agropecuarias  e  industriales,  ante   las  constantes violaciones  de  los  derechos mínimos  de  los trabajadores.
 
  
EDUCACIÓN Y CULTURA

 
1.  Se  debe establecer una  política pública clara, definida, con  metas concretas y recursos, para eliminar  el  analfabetismo  en   México,  especialmente  el  que   existe  en   los  pueblos  indios  y comunidades rurales.
 
2.  El  Gobierno  debe  cumplir  con  la  obligación  por  mandato  constitucional,  de  establecer  las escuelas de los niveles preescolar, primaria, secundaria y preparatoria, en número suficiente y con programas completos, en  los ejidos, comunidades y nuevos centros de  población ejidal, para  que todas las niñas y niños en  las zonas rurales, puedan cursar la educación básica que  establece la Constitución. Se  debe garantizar que  los menores en  las zonas rurales reciban el mismo gasto promedio  por  alumno,  que  el  que  se tiene  a  nivel  nacional  en  cada nivel  educativo,  para  lograr índices de aprendizaje superiores a los actuales.
 
3.  Por  la  ampliación  y  el  mejoramiento  de  la  planeación  educativa  y  la  infraestructura  para   la enseñanza superior  en  las  zonas  rurales  del  país, de  acuerdo  a  sus necesidades  sociales  y económicas.
 
4. Por la creación de más institutos tecnológicos con las carreras adecuadas al desarrollo agrícola­
industrial, según las necesidades y potencial de las diferentes regiones del país.
 
 
5. Por el respeto, preservación y desarrollo de las culturas indígenas, de acuerdo a sus tradiciones e idiosincrasia.
 
6. Por una  política cultural que  fomente el desarrollo espiritual de los mexicanos, dando prioridad a las poblaciones rurales y a las colonias populares que  en su mayoría han  estado al margen de los programas culturales del gobierno. Que  se fomenten las artes, la lectura y en  general, toda  forma de expresión humana que  ha marcado el desarrollo del ser humano como tal.
 
7.  Por   una   política  deportiva  y  recreativa  que   fomente  la  convivencia  entre   los  mexicanos, especialmente entre  los jóvenes de  las comunidades rurales, a quienes es urgente y fundamental, alejarlos del ocio, los vicios y las adicciones.
 
8. Porque la educación en  todos sus grados tenga una  orientación democrática, de  acuerdo a las necesidades de desarrollo del país y de los intereses populares.
 
9.  Promover una  mayor  vinculación del sistema educativo nacional con  la sociedad rural y sus organizaciones, y de  los campesinos con  los maestros en  cada comunidad, para  vigilar la calidad de  la formación que  reciben los niños en  las escuelas y convertir  a  las escuelas en  factores de impulso al desarrollo integral de las comunidades rurales.
 
10.  Exigimos  el  otorgamiento  de  un  mayor  número de  becas para   hijos  de  campesinos,  para ofrecerles  oportunidades  de  desarrollo personal, productivo,  técnico  y profesional, en  beneficio  de las propias comunidades rurales y del país en su conjunto.
 
11.  Sentar las  bases para   que  los  estudiantes  de  origen  campesino,  al  concluir  sus estudios, regresen a  impartir  sus conocimientos  a  sus lugares  de  origen,  para   aplicar  sus capacidades intelectuales  y técnicas,  ampliando  los  ámbitos  de  trabajo  y oportunidades  para  las  comunidades rurales, revirtiendo la actual tendencia empobrecedora de la vida rural.

 
 
12.  Porque todas las escuelas de  educación media y superior acepten sin obstáculos de  ninguna naturaleza a  los estudiantes de  origen campesino, para  compensar las actuales tendencias que promueven  la  desigualdad,  en   lugar  de   la  movilidad  social,  para   lo  cual  es  necesario  el establecimiento de programas preparatorios y compensatorios, así como  de orientación vocacional, que  les faciliten el acceso a la educación superior.
 
13. Exigimos una  reforma  educativa profunda, acorde con  las necesidades y desarrollo de  nuestro pa&